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La amenaza respecto a los acuerdos empresariales del T-MEC podrían impactar directamente en la apertura económica propuesta por AMLO y los dos mandatarios.
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Un primer modelo de este acuerdo fue planteado por Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau.
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Según lo que se argumenta, las pérdidas de la CFE a través del modelo autoabastecimiento actual rondarían los 10 mil millones de pesos anuales.
El T-MEC, firmado por AMLO y los entonces mandatarios de Estados Unidos y Canadá el 1 de julio de 2020, fue creado con el objetivo de ofrecer una apertura al mercado de manera trilateral.
La actualización a lo planteado a través del expresidente Enrique Peña Nieto en 2018 gozó de una estabilidad considerable, pues en aquel año aún se hallaban dudas respecto al funcionamiento del acuerdo. No obstante, tanto Estados Unidos como Canadá y México hallaron una relativa satisfacción en esto.
Este pacto logró prosperar hasta hace algunos meses, cuando el 22 de julio de este año Estados Unidos presentó una queja formal por la política energética expuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto al tratado comercial de Norteamérica, conocido como T-MEC, debido a que considera que este perjudica a sus empresas automotrices.
A raíz de esto, Canadá se sumó a las quejas hacia México, pues una estrategia que había funcionado muy bien hasta ese momento, se veía poco a poco en una encrucijada. Las consecuencias de esta supuesta violación a los acuerdos, sería el beneficio para el Estado y el incumplimiento de los acuerdos de protección a las empresas extranjeras.
Debido a que ni la postura de México ni la de las otras dos naciones cedió, se dio un plazo de 75 días en donde se establecía que las negociaciones que darían fin al conflicto quedarían cerradas. A pesar de eso, fue el 3 de octubre cuando ese plazo marcado por el Capítulo 31 del T-MEC sobre las consultas que Estados Unidos y Canadá solicitaron a México por la política energética del Gobierno finalizó, acordando los socios comerciales ampliar dicho plazo.
Analistas, han asegurado que, de no resolverse esta disputa en un nuevo plazo, las consecuencias para México, “siempre sí”, serían desalentadoras. ¿Pero cómo fue que una iniciativa planteada e impulsada por AMLO en favor de la promoción de estrategias de competencia entre los mercados extranjeros de Norteamérica terminó siendo una de sus amenazas más recurrentes?
¿Su propio verdugo?; apertura de comercio por T-MEC se vería frustrada por AMLO
La explicación de este conflicto tendría como punto central el tema del autoabastecimiento eléctrico de las empresas y las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Según esto, fue en 2014 cuando el tema a través de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) fue puesto sobre la mesa. Lo que se pudo lograr con esto es que los permisos y contratos de interconexión de autoabastecedores se respetaran hasta su fecha de vencimiento.
Sin embargo, el Gobierno de la 4T ha señalado que estas empresas no utilizan el suministro eléctrico generado para ellos, sino que lo venden a copropietarios y socios comerciales, incluyendo accionistas de la empresa matriz titular del permiso. Además, información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), señala que durante 1992, se encontraban plantas con hasta 100 socios comerciales. Para 2022, se detectan centrales eléctricas con más de 10 mil 500 participantes.
De hecho, esto ha provocado que dichos generadores paguen tarifas bajas por el transporte de energía hacia sus socios, debido a altos subsidios de la CFE a la par que para los consumidores finales los recibos de luz perciban un costo elevado. Según lo dictaminado por el Gobierno Federal, son 10 mil millones de pesos al año lo que este modelo le cuesta a la CFE.
Ahí es cuando el tema del T-MEC se vuelve relevante, pues al proponer un mercado de libre comercio, apostando por la entrada de empresas extranjeras, algunas de ellas ya han podido invertir en ductos de energía para clientes que aún gozaban de la adaptación del modelo anterior. Por ello, la abrupta separación de este modelo que no considera el ofrecer tiempo a las empresas privadas para prepararse para este cambio, traería pérdidas considerablemente altas para los países inmiscuidos en el acuerdo.
Por otro lado, desde la perspectiva de la industria, esta medida impactaría de manera negativa, pues uno de los puntos centrales del sistema de autoabasto era la integración de energía renovable en México. De ahí que se defienda el pago “preferencial” para estas entidades privadas por muchos especialistas. De hecho, el Gobierno había señalado que este esquema obedecía a un modelo de ventas no aprobado en primera instancia. Sin embargo, argumentan defensores del esquema actual que este modelo está lejos de representar una evasión, como ha sido calificada.
Como se puede leer el caso, el panorama hacia ningún lado parece alentador. No obstante, que se aplace la fecha de consulta sobre el caso del T-MEC es un buen augurio, pues de no ser así, tanto Canadá como Estados Unidos hubiesen solicitado un panel previo a un posible juicio.
Y es que, si se revisa en retrospectiva, es realmente un plazo corto el encontrar una respuesta en 75 días, cuando ha sido un problema latente desde hace casi 8 años para México. Es por ello que el posicionamiento del Gobierno Mexicano ha sido el acercarse a los líderes empresariales con la intención de generar discusiones satisfactorias que puedan acordar una resolución al caso de las supuestas violaciones frente al acuerdo sin tener que recurrir a casos extremos.
Apoyado de esto, Juan Carlos Machorro, experto abogado del despacho de abogados Santamarina + Steta, señaló que existen riesgos mucho más marcados para las paraestatales mexicanas al continuar con estas modificaciones, hecho que de igual manera terminaría afectando al Estado.
Los riesgos y el panorama son inciertos del todo, pero al finalizar el plazo propuesto por las tres naciones, se deberá anunciar una resolución del conflicto o, en caso contrario, se llevará a panel para, posteriormente, enfrentar un juicio en donde, de perder, México debería pagar potencialmente por las pérdidas de empresarios, mismas que irían desde los 10 hasta los 30 mil millones de dólares.
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